La Amazonía, el compromiso que no debemos olvidar

 

Perú cuenta con el cuarto mayor bosque tropical del mundo, con una extensión de 68 millones de hectáreas, las cuales tienen importancia no solo a nivel de país sino a nivel mundial. Permitiendo con su protección y comercio justo y regulado una interacción armónica entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, se vienen encontrando deficiencias graves en cuanto a la protección y comercialización de la materia prima del amazonas. A pesar de que en papel encontramos reglamentaciones y leyes que sancionan estas actividades ilícitas, no se refleja una  mejora considerable en la disminución de estas prácticas.

Podemos encontrar dentro de la Política Nacional del Ambiente, en el Eje de política 1 “Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica” el punto 6, el cual trata el tema de los Bosques y la búsqueda por reducir la tala ilegal de los árboles y la deforestación de la amazonia. Por medio de la búsqueda de la formalización de estas prácticas y así puedan estar reglamentadas y sea una práctica dentro de los parámetros permitidos. Sin embargo en las principales regiones de tala de la amazonia peruana, Ucayali, Tingo María y Loreto la tala ilegal con fines comerciales por parte de las empresas madereras tiene una fuerte presencia. Incumpliendo las normas de una forma en la que puedan ocultar la proveniencia ilegal, haciéndolos pasar por legales. Evidentemente con ayuda de varias personas, ya que esta actividad no es menor y se requiere de apoyo para la tala y el transportar la materia prima obtenida.

                 

                        

                    Fuente: Google

En el Perú la entidad encargada de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento de los recursos de los bosques es el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna silvestre (OSINFOR) Sin embargo han surgido cuestionamientos por la pérdida de autonomía que sufrió la entidad al ser adjudicada al Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Martin Vizcarra. Sus competencias han sido limitadas y se dificulta el trabajo de detectar y denunciar la tala ilegal.

Según la organización británica Global Witness, la tala ilegal en el Perú mueve aproximadamente por año un valor de 112 millones de dólares. También indicaron que el 60% de la tala en Ucayali y Loreto es ilegal, haciendo uso  para la actividad en zonas que no están autorizadas.

En materia de avances en contra de la tala ilegal en la amazonia peruana no se puede ver un gran avance, ya que sigue llevándose a cabo esta práctica ampliamente todos los días. Se requiere mayor cuidado de las zonas que deben de ser protegidas y fiscalización de la materia prima que es admitida como legal, ya que se conocen diferentes modos de trabajo para evadir la ley y de igual manera comercializar con la materia prima ilegal.

Debería haber una mayor inversión para tratar este problema y se puedan cumplir con los objetivos planteados para esta área. Además de inversión, compromiso y coordinación. En el caso de SERFOR (Servicio Nacional Forestal) solo cuenta con 760 personas para cuidar un área de 68 millones de hectáreas. Es evidente que no podrán abarcar este espacio, dejando abiertas muchas posibilidades para las prácticas ilegales.

En cuanto a la protección de los bosques, aún es una lucha que falta tratar ampliamente por parte del Estado Peruano, los ojos de entidades extranjeras están puestos en nuestro desempeño como Estado para proteger un ecosistema muy importante a nivel mundial. Así que las medidas deberían ser mejores de manera pronta y no solo dejar en papel las medidas que no están siendo respetadas en la práctica.